Cada llamada, cada mensaje, cada video que se reproduce en un celular viaja sobre una infraestructura invisible: antenas, fibra óptica, espectro radioeléctrico y centrales que conectan al país. Detrás de esa infraestructura hay algo igual de invisible para el usuario, pero decisivo: un denso marco regulatorio construido a lo largo de tres décadas, repartido entre varias leyes, reglamentos y organismos. Entender cómo encaja todo —quién dicta la política, quién otorga los permisos, quién fija las reglas del juego y quién protege al usuario— es indispensable para cualquier empresa, inversionista o abogado que trabaje en el sector. Esta guía ordena ese rompecabezas con la normativa vigente.
Una arquitectura de varias capas
El marco peruano no cabe en una sola ley. Se lee mejor como tres capas superpuestas: una capa legal (las leyes que fijan los principios y el título habilitante), una capa reglamentaria y de política (a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones) y una capa regulatoria (a cargo del OSIPTEL, que fija reglas de detalle, supervisa y protege al usuario). A esto se suma un brazo ejecutor para la conectividad rural. El siguiente esquema resume cómo se organizan los actores del sistema:
La columna vertebral normativa: del D.L. 702 al TUO
El régimen actual nació con la apertura del sector a la inversión privada a inicios de los años noventa. El Decreto Legislativo N° 702 (1991) sentó las bases; sus modificaciones sucesivas se consolidaron en el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-93-TCC, que sigue siendo la norma troncal. Su desarrollo reglamentario está en el Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 020-2007-MTC.
Sobre esa base troncal se fueron apilando leyes especiales para atender problemas concretos: la competencia móvil, la infraestructura, la banda ancha y, más recientemente, el 5G. El resultado es un cuerpo normativo amplio, que conviene ver en orden cronológico:
1991–1993
2000
2007
2012–2013
2018
2024–2026
Quién es quién: los actores del sistema
La eficacia del marco depende de un reparto de competencias que no siempre es evidente. Conviene tener claras las funciones de cada actor:
El título habilitante: la concesión única
Para prestar un servicio público de telecomunicaciones se necesita un título habilitante. Desde la reforma de la concesión única, el MTC otorga una sola concesión que permite brindar todos los servicios públicos —portadores, finales y de difusión de carácter público—, sin necesidad de un título por cada servicio. Se perfecciona mediante un contrato con el Ministerio, tiene un plazo de veinte (20) años renovables y sujeta a la empresa al régimen de libre competencia, con prohibición de prácticas monopólicas.
El recurso escaso: el espectro radioeléctrico
El espectro radioeléctrico es un recurso natural de dimensiones limitadas que forma parte del patrimonio de la Nación; por eso nadie puede usarlo libremente y el Estado lo administra. Esa gestión corresponde al MTC, que cumple tres funciones sucesivas: lo atribuye a cada servicio mediante el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) —el mapa de bandas del país, que se actualiza según los acuerdos de las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones—, lo asigna a una empresa determinada y controla su uso.
Conviene aquí deshacer una confusión frecuente: la concesión única y la asignación de espectro son dos títulos distintos. La concesión habilita a prestar servicios públicos de telecomunicaciones; la asignación de frecuencias es un acto adicional que autoriza a usar una porción concreta del espectro. Una empresa puede tener concesión y no necesitar espectro (por ejemplo, si presta el servicio por fibra óptica) o requerir ambos (un operador móvil). Cuando se necesitan las dos cosas, el MTC tramita la concesión única con asignación de espectro en un mismo procedimiento.
La asignación puede realizarse a solicitud de parte o, cuando la banda es escasa, por concurso público: desde 2018 (Resolución Ministerial N° 687-2018-MTC/01.03), la asignación de espectro a nivel nacional se hace por concurso, para repartir un bien limitado con transparencia y a favor de quien ofrezca mayores contraprestaciones o compromisos. El uso del espectro, además, no es gratuito: el artículo 60 del TUO de la Ley de Telecomunicaciones obliga a pagar un canon, cuyo cálculo desarrollan los artículos 231 y siguientes del TUO del Reglamento General (D.S. N° 020-2007-MTC), actualizados por normas como el D.S. N° 004-2021-MTC. A ello se suma, según el título, el pago de un derecho de asignación por el uso del recurso.
Conectar al país: banda ancha, Red Dorsal y acceso universal
Un mercado en libre competencia no garantiza, por sí solo, que la conectividad llegue a las zonas menos rentables. Para ello existe una política específica. La Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (2012), declaró de necesidad pública una red troncal de fibra que integre las capitales de provincia. Su ejecución y los proyectos de conectividad rural están a cargo del PRONATEL, que administra el FITEL como fondo de acceso universal para financiar el despliegue donde el negocio, por sí solo, no llegaría.
La cobertura: del contrato de concesión al último pueblo
La cobertura no queda librada a la voluntad del operador: es una obligación jurídica. El contrato de concesión única incorpora una veintena de obligaciones que incluyen, además de los pagos (canon por espectro, aporte al FITEL, contribución al OSIPTEL y retribución al MTC), la continuidad del servicio, la expansión de la red y, de manera central, los planes de cobertura y las metas de uso del espectro. Estas últimas están estandarizadas en la Norma de Metas de Uso del Espectro Radioeléctrico aplicable a los servicios públicos, aprobada por la Resolución Ministerial N° 234-2019-MTC.
Ese esquema se refuerza en dos momentos. En las renovaciones de concesión, el MTC pacta nuevas metas de cobertura —cientos de localidades sin servicio que el operador se compromete a atender—. Y en las subastas de espectro, ganar una banda trae aparejados compromisos de cobertura e inversión: así ocurrió con el 5G, donde la asignación de la banda 3.5 GHz incluyó compromisos de despliegue en universidades, hospitales, colegios y sedes de grandes eventos. Solo donde ni con obligaciones el mercado resulta viable entra el acceso universal a través del PRONATEL y el FITEL.
Más competencia e infraestructura
Dos leyes complementan el objetivo de un mercado más competitivo y con mejor cobertura. La Ley N° 30083 (2013) abrió el mercado a los operadores móviles virtuales (OMV) —empresas que ofrecen servicio móvil usando la red de un operador con red propia— y a los operadores de infraestructura móvil rural. Y la Ley N° 29022 (2007), modificada por la Ley N° 30228 (2014) y con vigencia ampliada por la Ley N° 31456, agilizó el despliegue de infraestructura: los permisos municipales para instalar antenas y redes pasaron a un régimen de aprobación automática, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y legales.
El usuario en el centro: derechos y reclamos
Buena parte del marco existe para proteger a quien contrata el servicio. El OSIPTEL dicta las reglas que las operadoras deben cumplir frente al usuario y resuelve, en segunda instancia, sus reclamos.
Cuando la empresa no resuelve favorablemente un reclamo, el usuario puede apelar ante el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios (TRASU), órgano del OSIPTEL:
El sistema tarifario: cuándo el precio es libre y cuándo lo fija el Estado
En un mercado en competencia, el precio lo pone la oferta y la demanda. Pero las telecomunicaciones tienen tramos donde la competencia no basta, y ahí interviene el OSIPTEL, que por ley puede fijar tarifas y establecer los sistemas tarifarios. El régimen distingue dos grandes situaciones. La mayoría de los servicios está bajo tarifas supervisadas: la empresa fija libremente el precio, sin autorización previa, y solo debe registrarlo en el Sistema de Información y Registro de Tarifas (SIRT) y no cobrar por encima de la tarifa registrada. En cambio, cuando un operador tiene posición de dominio en un servicio, este pasa a tarifas reguladas, y es el OSIPTEL quien fija un tope.
La herramienta técnica central es el régimen de fórmula de tarifas tope (price cap): el regulador fija un precio máximo que se ajusta en el tiempo según un factor de productividad, revisado periódicamente, de modo que las ganancias de eficiencia del sector se trasladen al usuario en forma de menores precios. La regulación de tope alcanza hoy a servicios de los operadores con mayor peso de mercado. Un ejemplo reciente del alcance de esta potestad es la Resolución de Consejo Directivo N° 00217-2024-CD/OSIPTEL, que fijó topes a la tarifa de reconexión de los servicios, con reducciones de entre 50 % y 80 % frente a lo que se venía cobrando.
La ola del 5G: el marco especial más reciente
El capítulo más nuevo del marco es el despliegue del 5G. Para acelerarlo, el Decreto Legislativo N° 1627 (2024) estableció medidas especiales para el otorgamiento de concesiones con tecnología 5G o superior, reglamentado por el Decreto Supremo N° 004-2025-MTC (marzo de 2025). Sobre esa base, la Resolución Ministerial N° 199-2025-MTC convocó el mecanismo de asignación de la banda 3.5 GHz, columna vertebral del 5G. Como resultado, el MTC suscribió contratos de concesión en esa banda con Bitel, Claro, Entel e Integratel (antes Telefónica), con compromisos de inversión y de cobertura asociados. Es el ejemplo más claro de cómo el marco general se complementa con normas especiales cuando aparece una nueva tecnología.
Fiscalización y sanciones
Todo el edificio regulatorio se sostiene, finalmente, en la capacidad de hacerlo cumplir. El OSIPTEL ejerce esa potestad en una secuencia clara: fiscaliza —verifica, con supervisiones de campo y de gabinete, que las operadoras cumplan sus obligaciones—, tipifica y califica las conductas y sanciona. Su marco propio se apoya en la Ley N° 27332 y la Ley N° 27336, que le permiten aprobar su propia escala de sanciones y tipificar infracciones no previstas expresamente en la ley del sector.
Ese régimen no vive en una sola norma, sino en un conjunto vigente: el Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, la Norma que establece el régimen de calificación de infracciones (Resolución N° 00118-2021-CD/OSIPTEL) y la Metodología para el cálculo de multas (Resolución N° 00229-2021-CD/OSIPTEL), que gradúa el importe con criterios de razonabilidad —beneficio ilícito obtenido, probabilidad de detección y gravedad del daño—. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves; conforme a la Ley de Telecomunicaciones, las graves se sancionan con multas de 10 a 30 UIT y las muy graves de 30 a 50 UIT, y pueden acompañarse de medidas correctivas (para revertir el incumplimiento), medidas cautelares, comiso de equipos o, en el extremo, la revocación de la concesión o autorización.
Un cambio muy reciente refuerza esta potestad: el Decreto Legislativo N° 1718 (2026) modificó la Ley N° 27336 e incorporó el artículo 35-A para garantizar la ejecutoriedad de las resoluciones de multa, de modo que su impugnación no las suspenda de forma automática. En la práctica, acorta la distancia entre la sanción impuesta y su pago efectivo.
Ahora bien, el OSIPTEL no es el único que sanciona. El propio MTC conserva potestad fiscalizadora y sancionadora a través de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones (DGFSC), bajo el Reglamento de Fiscalización y Sanción en la Prestación de Servicios y Actividades de Comunicaciones (Decreto Supremo N° 028-2019-MTC). El reparto, a grandes rasgos, es este: el OSIPTEL vigila las obligaciones frente al usuario, la calidad, la competencia y el contrato de concesión; el MTC persigue las infracciones ligadas al título y al espectro —operar sin concesión o autorización, la radiodifusión clandestina o el uso indebido de frecuencias—. Sus sanciones incluyen amonestación, multa y cancelación o revocación del título, además de medidas correctivas como el cese de operaciones o el decomiso de equipos; la escala de multas de la Ley de Telecomunicaciones (de 0,5 a 50 UIT según la gravedad) es común a ambos.
Una mirada de conjunto (y lo que viene)
El marco peruano es sólido pero disperso: una ley troncal de los años noventa conviviendo con decenas de leyes y reglamentos especiales, resoluciones del OSIPTEL y normas del MTC. Esa fragmentación es su principal desafío de técnica jurídica; para el operador, exige un mapa claro de qué norma aplica a cada situación. Los frentes abiertos son conocidos: cerrar la brecha de conectividad rural, ordenar el espectro para el 5G, dar seguridad jurídica a la infraestructura y avanzar hacia una regulación convergente, donde las telecomunicaciones, el contenido y los servicios digitales dejan de ser compartimentos estancos.
Conclusión
Entender las telecomunicaciones en el Perú es entender un sistema de capas: una ley troncal que fija el título habilitante, un ministerio que dicta la política y administra el espectro, un regulador que pone las reglas finas y protege al usuario, y un brazo público que lleva la conexión donde el mercado no llega. Sobre ese esqueleto se han ido sumando normas para la competencia, la infraestructura, la banda ancha y el 5G. Quien opera —o litiga— en el sector no necesita memorizar cada artículo, pero sí dominar el mapa: saber quién decide qué, y con qué norma.
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Fuentes
- MTC. D.S. N° 013-93-TCC, Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones.
- MTC. D.S. N° 020-2007-MTC, TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones.
- OSIPTEL. Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores y Ley N° 27336, de desarrollo de las funciones del OSIPTEL.
- MTC. Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF).
- MTC. Ley N° 29904, de Promoción de la Banda Ancha y Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.
- Congreso de la República. Ley N° 30083 (OMV) y Ley N° 29022, modificada por la Ley N° 30228.
- MTC / PRONATEL. D.S. N° 018-2018-MTC, que crea el PRONATEL.
- MTC. Resultados de la asignación de espectro 5G en la banda 3.5 GHz (D. Leg. N° 1627 y D.S. N° 004-2025-MTC).
- OSIPTEL. Normativas de usuarios: Condiciones de Uso (Res. 132-2025-CD/OSIPTEL), Reclamos (Res. 099-2022-CD/OSIPTEL), Portabilidad (Res. 259-2020-CD/OSIPTEL).
- OSIPTEL. Régimen tarifario y tarifas tope (Reglamento General de Tarifas; topes de reconexión, Res. N° 00217-2024-CD/OSIPTEL).
- OSIPTEL. Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones; régimen de calificación de infracciones (Res. N° 00118-2021-CD/OSIPTEL) y metodología de cálculo de multas (Res. N° 00229-2021-CD/OSIPTEL).
- MTC. Reglamento de Fiscalización y Sanción en la Prestación de Servicios y Actividades de Comunicaciones (D.S. N° 028-2019-MTC), aplicado por la DGFSC.
- MTC. Norma de Metas de Uso del Espectro Radioeléctrico (R.M. N° 234-2019-MTC) y asignación de espectro por concurso público (R.M. N° 687-2018-MTC/01.03); canon del espectro: art. 60 del TUO de la Ley y arts. 231 y ss. del TUO del Reglamento (D.S. N° 020-2007-MTC).
- MINJUS. Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ) — textos consolidados y actualizados.
La información de este artículo tiene fines divulgativos y de análisis; no constituye asesoría legal. El marco de telecomunicaciones se compone de numerosas normas sujetas a modificación; para decisiones concretas, verifique el texto vigente de cada norma (por ejemplo, en el SPIJ) y consulte a un profesional respecto de su caso particular. Información vigente a julio de 2026.
